Asamblea Nacional reactiva revisión de excarcelaciones
Vierne5. / Nacionales.
La Asamblea Nacional reactiva la revisión de expedientes para posibles excarcelaciones, entre reclamos de libertad y denuncias judiciales.
- Revisión de presos políticos en Venezuela
- Excarcelaciones y retardo procesal
- Reforma del sistema judicial venezolano
- Libertad plena para presos políticos
La Asamblea Nacional de Venezuela anunció la reactivación, este jueves 12 de noviembre de 2026, de una jornada de revisión de expedientes judiciales destinada a evaluar posibles excarcelaciones, medidas cautelares y juicios en libertad para personas con retardo procesal. La iniciativa, coordinada con autoridades del sistema de justicia penal, llega en medio de las negociaciones políticas de la transición y de crecientes exigencias de familiares y organizaciones de derechos humanos para que las liberaciones se traduzcan en libertad plena y garantías judiciales.
El anuncio fue realizado por Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento, después de una reunión de coordinación celebrada el miércoles 11 de noviembre en el Palacio Federal Legislativo. Según explicó, la comisión comenzaría sus actividades a las 10:00 de la mañana del jueves, con participación de diputados y funcionarios del sistema de justicia.
La medida pretende agilizar procedimientos judiciales y evaluar la situación de personas privadas de libertad, especialmente aquellas que permanecen en centros de detención preventiva sin que sus causas hayan avanzado dentro de plazos razonables. Sin embargo, las autoridades no han publicado una lista completa de expedientes que serán examinados ni una cifra definitiva de posibles beneficiarios.
Una nueva jornada para revisar causas judiciales pendientes
La iniciativa reúne a representantes de la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, organismos policiales y autoridades judiciales.
Infante explicó que el objetivo es retomar las evaluaciones en los centros de detención preventiva para identificar situaciones de retardo procesal y facilitar las decisiones judiciales que correspondan.
De acuerdo con Efecto Cocuyo, el parlamentario relacionó la iniciativa con el proceso de transformación del sistema penal promovido por el Ejecutivo encargado de Delcy Rodríguez.
Por su parte, el diputado Jorge Arreaza señaló que se buscará atender prioritariamente a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con problemas de salud o que permanecen recluidas durante largos períodos sin una resolución judicial definitiva.
El parlamentario también planteó la necesidad de reducir la utilización de centros de detención preventiva y favorecer, cuando la legislación lo permita, que las personas enfrenten sus procesos en libertad.
Arreaza indicó que la revisión no contempla otorgar beneficios a personas responsables de delitos graves como asesinato, narcotráfico o violación. No obstante, cualquier decisión sobre la procedencia de medidas judiciales deberá considerar las circunstancias particulares de cada expediente y las disposiciones legales aplicables.
¿Qué medidas pueden surgir de la revisión?
La nueva jornada no equivale a una liberación automática de todas las personas cuyos expedientes sean examinados.
La revisión puede identificar diferentes situaciones que requieren actuaciones judiciales específicas:
- Excarcelaciones: salida de personas que cumplen las condiciones legales para abandonar el centro de reclusión.
- Medidas cautelares sustitutivas: posibilidad de continuar un proceso penal fuera de prisión, bajo obligaciones establecidas por el tribunal competente.
- Juicios en libertad: continuación de procedimientos judiciales sin mantener necesariamente al acusado privado de libertad.
- Revisión de retardo procesal: examen de causas que permanecen paralizadas o registran demoras injustificadas.
- Situaciones humanitarias: evaluación de condiciones de salud u otras circunstancias que requieren atención especial.
- Cumplimiento de penas: verificación de condenas, tiempo de reclusión y posibles beneficios previstos en la legislación.
Es importante distinguir estas medidas. Una excarcelación puede permitir que una persona regrese a su hogar, pero no significa necesariamente que el proceso penal haya terminado o que todas las restricciones judiciales hayan desaparecido.
La libertad plena exige examinar si subsisten cargos, obligaciones de presentación, prohibiciones de salida del país u otras limitaciones de derechos.
La diferencia entre la iniciativa parlamentaria y la mesa de diálogo
La nueva revisión ocurre pocos días después de que Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora que participa en las conversaciones políticas, anunciara la posibilidad de nuevas liberaciones de presos políticos.
Figuera explicó el 8 de noviembre que había conversado con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre la necesidad de avanzar en nuevas excarcelaciones.
Sin embargo, Jorge Arreaza negó que la jornada anunciada por el Parlamento tenga relación directa con esas conversaciones. Según el diputado, se trata de una iniciativa que forma parte de los mecanismos de revisión judicial desarrollados desde años anteriores.
La diferencia entre ambas posiciones es relevante. Mientras la delegación opositora plantea las liberaciones como una exigencia dentro de la transición política, el oficialismo presenta esta revisión como una medida de reorganización del sistema penal.
Ambos procesos coinciden temporalmente, pero no existen elementos públicos suficientes para afirmar que todos los expedientes incluidos en esta jornada correspondan a detenidos por motivos políticos.
La cuarta ronda de conversaciones entre representantes del Gobierno y de la Asamblea Nacional de 2015 está prevista para comenzar el viernes 13 de noviembre, según informó El Pitazo.
Foro Penal registra 321 presos políticos
La nueva jornada se desarrolla mientras organizaciones independientes mantienen importantes diferencias con las autoridades sobre la cantidad de personas que continúan detenidas por razones políticas.
La organización Foro Penal informó que, con fecha de corte al 9 de noviembre, contabilizaba 321 presos políticos en Venezuela.
Según el balance difundido el 11 de noviembre, el registro comprende:
- 321 personas: total documentado de presos políticos.
- 306 hombres y 15 mujeres: distribución por sexo.
- 181 civiles y 140 militares: clasificación de los detenidos.
- 31 personas: detenidos con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad.
- Una persona: caso cuyo paradero permanece desconocido, según la organización.
Estas cifras corresponden a la metodología de documentación de Foro Penal y pueden diferir de los balances elaborados por otras organizaciones. Tampoco deben confundirse con el total de personas privadas de libertad por delitos comunes o con los posibles beneficiarios de la revisión parlamentaria.
El Gobierno venezolano ha cuestionado históricamente la denominación de presos políticos y sostiene que las detenciones responden a causas penales. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, por su parte, denuncian casos de persecución, detenciones arbitrarias y vulneraciones del debido proceso.
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El caso Caguaripano muestra las contradicciones del sistema judicial
Mientras se anuncian nuevas revisiones para facilitar excarcelaciones, el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott vuelve a evidenciar las dificultades que enfrenta la justicia venezolana.
La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo confirmó, según declaraciones de abogados vinculados al proceso, la condena de 30 años de prisión contra Caguaripano, procesado por los acontecimientos ocurridos en el Fuerte Paramacay en agosto de 2017.
El abogado Luis Armando Betancourt, integrante de Foro Penal, informó que la decisión también afecta a otros procesados, aunque algunas penas habrían sido modificadas.
Sin embargo, miembros de la defensa denunciaron que todavía no habían tenido acceso íntegro al texto de la sentencia, una circunstancia que impide examinar públicamente toda su fundamentación jurídica.
La audiencia para comunicar formalmente la decisión a los procesados está prevista para el martes 17 de noviembre.
De acuerdo con El Pitazo, organizaciones defensoras de derechos humanos también informaron sobre posibles excarcelaciones de otros involucrados en la misma causa, aunque durante la jornada circularon versiones contradictorias sobre la situación efectiva de algunos procesados.
El episodio demuestra la importancia de contar con decisiones judiciales accesibles, información oficial verificable y procedimientos que permitan a las defensas conocer oportunamente el contenido de los fallos.
La revisión de expedientes no puede evaluarse únicamente por la cantidad de personas que abandonan las cárceles. También debe examinarse si las decisiones respetan las garantías constitucionales y permiten ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
María Corina Machado acompaña la exigencia de libertad plena
La presión para ampliar las excarcelaciones también se ha manifestado fuera de los tribunales.
El viernes 6 de noviembre, María Corina Machado acudió a las inmediaciones del centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, donde familiares de personas detenidas por motivos políticos mantenían una protesta que superaba los 300 días.
La dirigente opositora conversó con los familiares y utilizó un megáfono para transmitir un mensaje de apoyo a quienes permanecen privados de libertad.
Durante la visita exigió la liberación de los detenidos por motivos políticos, justicia para las víctimas, reparación para sus familiares y garantías de no repetición.
La actividad, documentada por Vierne5 y otros medios nacionales e internacionales, permitió visibilizar las denuncias sobre restricciones de visitas, atención médica y condiciones de reclusión.
La demanda de las familias va más allá de una medida cautelar. Reclaman decisiones que permitan terminar los procedimientos arbitrarios, recuperar derechos y obtener respuestas sobre las circunstancias de cada detención.
La reforma de la Ley contra el Odio también está bajo examen
La revisión de expedientes coincide con el debate parlamentario sobre una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
El proyecto fue aprobado en primera discusión el 4 de noviembre y contempla eliminar las penas de prisión establecidas en determinadas disposiciones de esa normativa.
La reforma todavía debe completar el procedimiento legislativo correspondiente y no equivale a una derogación integral de la ley.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han cuestionado durante años la amplitud de algunas de sus disposiciones y su aplicación contra ciudadanos, periodistas y dirigentes políticos.
La eliminación de penas privativas de libertad podría representar una modificación importante, pero su alcance real dependerá del texto definitivo y de la manera en que sean revisadas las causas judiciales existentes.
También será necesario determinar qué ocurrirá con las personas procesadas o condenadas mediante disposiciones que eventualmente sean modificadas.
La revisión judicial y las exigencias internacionales
La reactivación de las jornadas coincide con la hoja de ruta diplomática respaldada por Estados Unidos para impulsar reformas institucionales y preparar futuras elecciones venezolanas.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reiterado la importancia de continuar con las liberaciones de presos políticos y fortalecer las garantías democráticas.
Sin embargo, el anuncio parlamentario no constituye por sí solo una confirmación de que todas las exigencias internacionales hayan sido aceptadas o incorporadas a una decisión judicial concreta.
La independencia de los tribunales exige que cada expediente sea examinado mediante criterios jurídicos y no en función de conveniencias políticas.
Asimismo, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia prevista dentro del proceso de transición representa una oportunidad para revisar las condiciones estructurales que han generado cuestionamientos sobre la independencia judicial.
La existencia de procedimientos transparentes será fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía y de las organizaciones que acompañan a las víctimas.
Qué esperan las familias de las nuevas revisiones
Para los familiares de los detenidos, cada anuncio de excarcelaciones genera expectativas, pero también incertidumbre.
La ausencia de listas oficiales completas y de criterios públicos dificulta conocer quiénes serán beneficiados, qué expedientes están siendo examinados y cuáles serán las condiciones jurídicas de las eventuales liberaciones.
Los aspectos que requieren mayor claridad son:
- La publicación de criterios objetivos para seleccionar los expedientes sometidos a revisión.
- La identificación de los tribunales competentes y los mecanismos de decisión.
- La información oportuna a familiares y abogados sobre cada procedimiento.
- La atención prioritaria a personas con enfermedades graves o situaciones humanitarias urgentes.
- La revisión de causas con denuncias de retardo procesal o vulneraciones del debido proceso.
- La diferenciación entre excarcelaciones condicionadas, libertad plena y terminación de causas penales.
- La existencia de mecanismos independientes para verificar las decisiones y sus resultados.
La transparencia permitiría reducir discrepancias entre anuncios oficiales, balances de organizaciones y testimonios de familiares.
También facilitaría identificar casos que requieren atención urgente y evitaría generar expectativas sobre medidas que todavía no han sido acordadas judicialmente.
La verdadera prueba estará en los resultados
La nueva jornada anunciada por la Asamblea Nacional representa una oportunidad para abordar problemas persistentes del sistema penal venezolano, especialmente el retardo procesal y la situación de personas recluidas en condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, el alcance de la iniciativa todavía depende de decisiones concretas, expedientes examinados y medidas efectivamente ejecutadas.
La situación del capitán Caguaripano, las exigencias de los familiares en El Rodeo I y los registros de organizaciones defensoras de derechos humanos muestran que el problema no se resuelve únicamente mediante anuncios de liberaciones.
Una transformación judicial sostenible requiere independencia de los tribunales, acceso a las decisiones, respeto al debido proceso y mecanismos para investigar posibles abusos.
La liberación de personas detenidas arbitrariamente puede contribuir a recuperar derechos y aliviar el sufrimiento de numerosas familias. Al mismo tiempo, la justicia debe mantener su capacidad para investigar delitos graves y establecer responsabilidades individuales mediante procedimientos legítimos.
El periodismo independiente cumple una función necesaria en este escenario: verificar los anuncios oficiales, examinar sus resultados y mantener visibles las demandas de quienes todavía esperan respuestas judiciales.
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